Mujeres: el doble de trabajo y la mitad de derechos

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“Pero son las mujeres las que no quieren participar”, “si quieren participar depende de ellas”, “se visten de manera provocativa y luego se quejan de que son acosadas”, “si reclaman igualdad, demuestren que son iguales en lugar de pedir una cuota de género”, “hay mujeres autoridades que han tenido malas gestiones…”, etc. Son algunas de las reacciones que suele suscitar el planteamiento de normas o políticas públicas que garanticen los derechos políticos de las mujeres, tradicionalmente recluidas al ámbito del hogar y excluidas del poder y la política, espacios reservados para los cuellos encorbatados. En buena cuenta, se nos dice que si las mujeres no avanzamos más es porque nos da flojera, y que dejemos de quejarnos y victimizarnos, y que nos preparemos (esto último está muy bien, solo que no siempre se tiene el mismo nivel de exigencia con ellos).

Este discurso, recogido a veces incluso por ellas mismas, desconoce la estructural marginación y violencia de las cuales han sido -y son aún- víctimas las mujeres. Pues sí, por ejemplo, así como nuestro país ha venido liderando el crecimiento económico en América Latina, así también encabezamos el ranking de los países latinoamericanos con más denuncias por violación sexual, ¡nada de qué enorgullecernos! Peor aún, en 8 de cada 10 violaciones la víctima es menor de edad. 40% de las mujeres peruanas ha sido o es víctima de violencia física o sexual por parte de sus parejas. 120, es el número de feminicidios que ocurrieron el año pasado, es decir, 120 mujeres fueron asesinadas por sus parejas porque no se subordinaron enteramente a sus intereses y pasiones. ¿”Victimización”, decía Usted?

Pero eso no es todo, veamos lo que pasa en el ámbito laboral: En el 2012, el 25% de la PEA masculina ganaba por encima de los S/. 1500; solo el 11% de la PEA femenina llegaba a este monto. “Es que deben esforzarse un poquito más”, dirá usted. Pues resulta que por mucho que nos esforcemos, nuestro esfuerzo no es reconocido: a igual formación, igual responsabilidad e igual carga laboral, ganamos en promedio 30% menos que los hombres. ¿”Ya hay igualdad”, decía usted? Un dato más: según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo las mujeres trabajan a la semana entre 23 y 27 horas más que los hombres en tareas no remuneradas, en preparación de alimentos, cuidado de personas dependientes, etc. “Capacítense”, nos dicen. Sí pues, pero, ¿a qué hora? Resulta más difícil aún para las miles de madres solteras que asumen solas el cuidado de sus hijos y encima tienen que peregrinar en el Poder Judicial para asegurar una pensión de alimentos. Podríamos completar el cuadro hablando de la violencia simbólica, esa que, en los medios de comunicación, por ejemplo, sigue cosificando a la mujer y reforzando estereotipos machistas y sexistas; podríamos hablar de políticas de salud sexual y reproductiva inexistentes o, cuando las hay, arbitrarias y nefastas como las esterilizaciones forzadas perpetradas en el Gobierno Fujimorista a miles de mujeres principalmente campesinas…

En fin, los datos concretos, las cifras, abundan y evidencian que las mujeres tenemos aún muchas batallas por librar para conseguir el reconocimiento y respeto pleno de nuestros derechos, desde nuestra integridad física, psicológica y sexual, la libre determinación de nuestras vidas y nuestros cuerpos, hasta nuestros derechos laborales y políticos. Son aún demasiadas las dificultades que tenemos que superar para poder acceder a los espacios de decisión. Es cierto que hemos avanzado significativamente en los últimos años; en 1995 accedimos al derecho de votar y ser elegidas, en 1997 tuvimos una ley de cuotas de 25% que en el 2000 se amplió a 30% y permitió que se duplique la cantidad de mujeres electas al Congreso de la República. Sin embargo, estamos aún sub representadas. A pesar de que las mujeres constituimos algo más del 50% de la población nacional, solamente tenemos 21% de mujeres en el Congreso de la República (lejos del 38% de la Asamblea Nacional de Ecuador, por ejemplo). Peor aún, en las alcaldías distritales y provinciales a penas alcanzamos el 5%. Una de las trabas que superar para revertir esta situación es que los partidos políticos siguen poniendo a las mujeres “a la cola” de las listas de candidatos, “de relleno”, cumpliendo a penas -cuando la cumplen- con la cuota de género y, muchas veces, poniendo mujeres con el criterio de que deberán someterse calladas a los mandatos del caudillo que encabece la lista. Para evitar tales situaciones se ha propuesto en reiteradas oportunidades una Ley de Alternancia para que se intercalen mujeres y hombres en las listas; la última vez que se discutió fue en la Comisión de Constitución donde fue archivada. La Comisión de la mujer aún no la aborda siquiera. ¡Y pensar que en varios países latinoamericanos como Ecuador y Bolivia sí se aplica la alternancia inclusive de manera paritaria!

Pero las mujeres no solamente tienen que luchar para acceder a los cargos públicos, sino también para permanecer en ellos, pues son, en no pocos casos, víctimas de acoso político, es decir, actos de hostigamiento sicológico, físico y hasta sexual, con claro sesgo machista, que buscan recortar el ejercicio de sus funciones. Por lo general, los acosadores son también autoridades: regidores, consejeros o los propios alcaldes. Lamentablemente, no se trata de casos aislados, la Red Nacional de Mujeres Autoridades (RENAMA), por ejemplo, ha venido recogiendo innumerables denuncias. En un estudio* realizado el 2012 en el que se entrevistó a 187 mujeres autoridades de Lima y Cusco, 73 habían sido víctimas de acoso político, cerca del 40%. En la gran mayoría de los casos con maltrato sicológico, pero también con control económico, difamación de índole sexual y hasta hostigamiento sexual. Se han dado casos, algunos de los cuales he podido conocer directamente, en los que las regidoras mujeres han sido enviadas a preparar el refrigerio o a cocinar durante la Sesión de Concejo (sí, en pleno siglo XXI), casos en los que se obliga a una regidora a firmar el acta de Sesión de Concejo sin que pueda revisarla, un caso en el que un regidor calificó a su colega regidora en plena Sesión como “mi hembrita”, o el caso de una regidora apurimeña que recibió insultos y golpes del alcalde, ella lo denunció ante la Comisaría, él pidió disculpas públicas en una Sesión de Concejo pero volvió a amenazarla en una Sesión posterior: “(…) yo, como hombre, voy a caer bien parado y, tú, como mujer, vas a salir perdiendo”.

Situaciones como éstas han motivado a la RENAMA a impulsar un proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso político, proyecto de ley que hemos presentado y que hoy está en manos de las Comisiones de Constitución y de la Mujer y que esperamos pueda ser pronto debatido y aprobado y podamos contar con una norma que ya existe, por ejemplo, en Bolivia o México.

Sin embargo, que no contemos aún con una Ley de Alternancia o una Ley contra el Acoso Político a mujeres autoridades, no impide que los partidos políticos asuman el compromiso de garantizar plenamente los derechos políticos de las mujeres. De hecho, el proceso electoral de este año será una ocasión para que demuestren, más allá del discurso, cuán democráticos son. Estaremos atentos.

*Estudio realizado por Calandria, Diakonía y Flora Tristán en el 2012.

Vía: http://revistaideele.com/ideele/content/mujeres-el-doble-de-trabajo-y-la-mitad-de-derechos

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